Necesitamos ley y orden para invertir, ley y orden para garantizar la propiedad privada y ley y orden para consolidar un Estado unitario.
Antes de emprender el proceso de reforma del Estado, han debido plantearse necesariamente las siguientes preguntas:
Pero ninguna de estas interrogantes y sus respectivas respuestas han sido dadas a conocer a la población, la que finalmente es la única y exclusiva dueña del poder y la víctima o beneficiaria de la reforma. ¿Es a sus espaldas que debemos emprender este necesario y vital esfuerzo?
El Estado debe reformarse porque, a través del tiempo, ha devenido en: mal administrador, centralista, ausente, ineficiente y excluyente.
Excluyente: Su poca visión de la realidad y el haberse organizado a espaldas del pueblo ha originado que exista una economía formal y una informal, la cual genera el 70% de las transacciones económicas del país. Del 100% de agentes económicos, el 98% son pequeñas y microempresas, y de ellas solo el 16% son formales en estricto sentido. Más del 60% de agricultores de la sierra y selva no tienen título de propiedad. En el interior del país, el 42% de propietarios de viviendas las construyeron ilegalmente y el 38% sobre terrenos invadidos al Estado.
Centralista: La capital ejerció, por desidia de los gobernantes, una fuerza centrípeta. Se hizo crecer dañinamente el Estado en la capital. Tardamos ciento ochenta años en volvernos macrocefálicos y hoy se intenta revertir esto en poco tiempo, muchas veces con clientelismo político.
Ausente: Existen territorios donde habitan naciones como los ashaninkas, aymaras, boras y machiguengas, donde el Estado prácticamente no existe. Aplican sus propias leyes y, en muchos casos, solo conocen al Estado cuando este los obliga a votar.
Ineficiente: Los servicios básicos como educación, salud y programas sociales son deficientes. La corrupción y la falta de eficacia predominan en la administración de justicia.
Mal administrador: El país es rico en recursos naturales, pero su explotación no se traduce en mejoras para la población. El presupuesto nacional ha sido históricamente mal concebido y administrado. Existe déficit en infraestructura y una alta carga por deuda externa, que muchas veces se cubre con préstamos destinados a gastos corrientes en lugar de inversión productiva.
De acuerdo con la Constitución, la estructura del Estado tiene tres poderes:
Es loable el esfuerzo del Gobierno por iniciar una reforma del Estado. Sin embargo, esta debe ser adecuadamente difundida y contar con el consentimiento de la población.
Es fundamental responder las preguntas clave del proceso. Ignorarlas generará desorden, pérdida de recursos y tiempo.
El Acuerdo Nacional puede ser un espacio adecuado para articular esfuerzos. Los partidos políticos deben participar activamente, ya que este es un proceso del Estado y no de un gobierno en particular.
El horizonte de la reforma debería ser de 20 años. Además, no será efectiva si no se acompaña de una reforma constitucional o la creación de una nueva Constitución.
Los tres poderes del Estado deben reformarse de manera simultánea y coordinada. Antes de iniciar, es imprescindible diseñar el modelo de Estado que se desea alcanzar.
Finalmente, se debe prestar especial atención a la reforma laboral, por su impacto en la economía y en la generación de empleo.